Por ORLANDO ARIAS
Estos proyectos de interpelación aún no han sido conocidos por el pleno de la Cámara de Diputados
SANTO DOMINGO.– En lo que va de la presente legislatura, diputados de los principales partidos de oposición han solicitado la comparecencia o interpelación de al menos seis funcionarios y responsables de instituciones públicas para que rindan explicaciones ante el Congreso Nacional sobre situaciones que, a juicio de los legisladores, requieren respuestas y aclaraciones públicas.
Las solicitudes se producen en momentos en que el Congreso Nacional cuenta con un marco jurídico para fortalecer su función de fiscalización sobre el Poder Ejecutivo y las instituciones del Estado.
Se trata de la Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, que establece mecanismos para que los legisladores puedan requerir la presencia de funcionarios y autoridades ante las cámaras legislativas, con el propósito de obtener explicaciones sobre asuntos de interés público.
Sin embargo, pese a la existencia de esta herramienta legal, su aplicación todavía no ha sido implementada de manera efectiva, lo que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad del Congreso para ejercer plenamente una de sus principales atribuciones constitucionales: fiscalizar las actuaciones del Gobierno y de la administración pública.
En este contexto, los proyectos de interpelación depositados por legisladores opositores colocan nuevamente sobre la mesa la necesidad de que los mecanismos de control parlamentario pasen de la legislación a la práctica y que los funcionarios puedan ser llamados a responder directamente ante los representantes de la población.
Una de las primeras iniciativas en este nuevo período congresual fue sometida por el bloque de diputados de Fuerza del Pueblo (FP), que solicitó la comparecencia del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, para que explique ante la Cámara Baja las principales problemáticas que enfrenta el sistema educativo nacional.
Entre los temas que los legisladores buscan colocar sobre la mesa figuran el déficit de aulas para miles de estudiantes, los centros educativos que permanecen inconclusos y el pago del incentivo por desempeño al personal docente, entre otras dificultades que afectan al sector.
Mientras tanto, la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) elevó la presión sobre las autoridades del sector salud al solicitar la interpelación del director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, para que acuda al Congreso y explique qué ocurrió en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, luego de los recientes acontecimientos registrados en ese centro hospitalario.
La iniciativa fue anunciada por la vocera de la bancada morada, Ydenia Doñé, quien planteó la necesidad de que las autoridades ofrezcan explicaciones ante el Poder Legislativo y el país.
A esta ofensiva se sumó el diputado también del PLD, Charlie Mariotti Jr., quien propuso la interpelación de los administradores de las tres empresas distribuidoras de electricidad: Edenorte, Edesur y Edeeste.
El legislador busca que los responsables de las distribuidoras expliquen ante la Cámara Baja la metodología utilizada para facturar el servicio eléctrico, ante las denuncias de usuarios sobre incrementos considerados desproporcionados en sus facturas, así como otros aspectos relacionados con el manejo del sistema de distribución.
Las iniciativas evidencian una creciente intención de los bloques opositores de utilizar el escenario legislativo para exigir explicaciones a funcionarios sobre problemas que impactan directamente a la población.
Sin embargo, estos proyectos de interpelación todavía no han sido conocidos por el pleno de la Cámara de Diputados, por lo que aún está pendiente determinar si serán incluidos en agenda y posteriormente sometidos al procedimiento correspondiente.
El escenario también vuelve a poner bajo discusión el papel fiscalizador del Congreso, particularmente la necesidad de hacer efectiva la Ley de Fiscalización y Control, concebida precisamente para dotar a los congresistas de herramientas que les permitan llamar a funcionarios a rendir cuentas sobre sus actuaciones y sobre asuntos de interés nacional.
De concretarse estas interpelaciones, la Cámara de Diputados tendría la oportunidad de poner a prueba estos mecanismos de control y demostrar hasta dónde está dispuesta a ejercer su papel constitucional de contrapeso y fiscalización frente al Poder Ejecutivo.
