Santo Domingo, R.D.
La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento de la Fuerza del Pueblo (FP) denunció este martes que los principales proyectos de modernización del sector agua financiados por el Banco Mundial presentan bajos niveles de ejecución, múltiples reestructuraciones y reducción de metas, situación que atribuyó a la falta de capacidad de gestión del Gobierno.
Durante una rueda de prensa, el titular de la secretaría, Hamlet Otáñez, afirmó que el denominado Pacto Nacional por el Agua no ha producido los resultados prometidos, pese a que dos operaciones financiadas por el Banco Mundial suman una inversión cercana a los US$293.5 millones.
Otáñez explicó que el Programa de Modernización del Sector Agua, dotado con US$250 millones y concebido para fortalecer instituciones como el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega (CORAAVEGA), apenas ha desembolsado el 24.27 % de los recursos asignados.
«El propio Banco Mundial reconoce que no se ha realizado ningún desembolso basado en resultados verificados, a pesar de que ese programa fue diseñado precisamente para pagar contra resultados», sostuvo.
Indicó que el informe del organismo internacional advierte que los objetivos del programa permanecen significativamente rezagados cuando restan aproximadamente 18 meses para su cierre, lo que, a su juicio, evidencia que la administración dejó transcurrir gran parte del tiempo sin ejecutar las acciones previstas.
Asimismo, señaló que la iniciativa ha sido objeto de cuatro reestructuraciones formales debido a retrasos acumulados, ausencia prolongada del verificador independiente, limitaciones presupuestarias y dificultades para ejecutar parte de la asistencia técnica originalmente contemplada. Agregó que incluso se plantea la cancelación de US$3.33 millones que ya no podrían utilizarse conforme a su diseño inicial.
Respecto al proyecto de agua potable y saneamiento para los municipios de Moca y Gaspar Hernández, financiado con US$43.5 millones, Otáñez afirmó que también debió ser reestructurado y extendido hasta mayo de 2028, además de experimentar una reducción significativa en sus metas.
Precisó que la cantidad de medidores previstos pasó de 10,000 a 2,500; las redes a rehabilitar disminuyeron de 50 a 20 kilómetros; las nuevas conexiones de agua fueron reducidas de 12,750 a 7,500 beneficiarios; y la población que tendría acceso a sistemas mejorados de tratamiento de aguas residuales bajó de 90,000 a 72,000 personas.
Añadió que, según la documentación del Banco Mundial, aún hacen falta entre US$20 y US$25 millones para completar inversiones que quedaron fuera del alcance del proyecto.
El dirigente político consideró que estos resultados reflejan un problema de gestión pública más que simples retrasos administrativos. «Esto no es una simple demora administrativa. Es una vergüenza nacional frente a un organismo internacional. El Banco Mundial no está registrando una historia de éxito; está registrando atrasos, debilidades, baja ejecución y falta de resultados», expresó.
Otáñez sostuvo que la población requiere soluciones concretas en materia de agua potable y saneamiento, al tiempo que afirmó que el Gobierno «ha demostrado más capacidad para tomar préstamos que para ejecutar soluciones», por lo que consideró que el sector atraviesa una crisis de dirección, ejecución y responsabilidad pública.
