Santo Domingo, R.D.- Fátima Veloz, la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, ayer decidió reservarse el fallo sobre la audiencia de medida de coerción relacionada con los siete implicados en el sonado caso Camaleón.
De acuerdo a lo comunicado por varios de los abogados, el tribunal tomó la decisión de recesar la audiencia para las tres de la tarde de este jueves y dar allí lectura al fallo contra los acusados.
De un lado, los abogados defensores señalan que «no existen» medios suficientes para que se imponga prisión preventiva como medida de coerción, mientras que el Ministerio Público se mantiene firme en su pedimento de que los siete implicados sean enviados a prisión por 18 meses como medida cautelar.
«Nosotros en este proceso hemos presentado unos 245 medios de prueba, unos medios de prueba que resultan tan contundentes que recuerden que la defensa pidió un aplazamiento para conocer esos elementos; hemos presentado elementos más que suficientes como para que esté tribunal acoja la solicitud del Ministerio Público», expresó Wilson Camacho, titular del Pepca a su salida de la audiencia.
Según el expediente que fue depositado por el órgano acusador en la solicitud de medida de coerción, el exdirector del del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, entre el mes de agosto de 2022 y noviembre de 2023 fue quien dirigió y autorizó la adjudicación de contratos millonarios a empresas que no contaban con las capacidades técnicas que eran requeridas.
Beras fue clave en la integración de nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado.
También lo acusa de ser el coautor de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, etc..
Asimismo, la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), imputa a José Ángel Gómez-Canaán (Jochi Gómez), el propietario de la empresa Aurix S.A.S., como el principal beneficiario económico del esquema.
La Pepca aduce que Gómez Canaán, a través de su empresa, Aurix, controló de manera fraudulenta los sistemas semafóricos y de vigilancia.