Por ORLANDO ARIAS
Santo Domingo. – La Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados de la República Dominicana (MENAMIRD), junto a la Fundación Étnica Integral (LA FEI) y diversos actores de la sociedad civil, alertaron sobre los efectos de la Resolución DGM-001-2026, al considerar que limita significativamente los procesos de regularización migratoria y pone en riesgo derechos adquiridos.
Según explicaron especialistas en derecho, técnicos legislativos, líderes comunitarios y representantes de iglesias, la disposición no constituye un simple ajuste administrativo, sino una transformación del sistema migratorio que impacta directamente iniciativas previas como el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y el Plan de Normalización para Venezolanos.
Advirtieron que la resolución podría contravenir el principio de no retroactividad al afectar a personas que ya habían iniciado procesos de regularización bajo normativas anteriores, generando incertidumbre jurídica y posibles situaciones de irregularidad sobrevenida.
Uno de los principales cuestionamientos radica en que la medida condiciona el acceso a la regularidad migratoria casi exclusivamente al empleo formal y a la vinculación con un único empleador. A juicio de las organizaciones, esta disposición limita la movilidad laboral y podría fomentar relaciones de dependencia que se aproximen a formas de servidumbre contemporánea, en contradicción con la Constitución y estándares internacionales de derechos humanos.
Asimismo, señalaron que el nuevo esquema reduce las vías de regularización al excluir modalidades previamente reconocidas, como el trabajo independiente y el arraigo familiar y socioeconómico. Esto podría dejar fuera del sistema a personas que ya estaban regularizadas o en proceso, incrementando su vulnerabilidad y el riesgo de deportación indirecta bajo el régimen sancionador de la Ley General de Migración No. 285-04.
Las organizaciones también destacaron que la situación se agrava por los retrasos administrativos y la burocracia en la tramitación de expedientes, lo que afecta a quienes cumplieron con los requisitos vigentes, pero aún no han recibido respuesta de las autoridades.
Recordaron que en procesos anteriores el Estado dominicano reconoció diversas formas de inserción económica y social, lo que permitió a miles de personas consolidar derechos adquiridos. Sin embargo, indicaron que la nueva resolución desconoce estos criterios, dificulta la renovación del estatus migratorio y rompe la coherencia del sistema.
“La política migratoria no puede limitarse al control, sino que debe equilibrarse con la protección de los derechos humanos”, sostuvieron las entidades, al tiempo que plantearon la necesidad de garantizar un sistema justo, coherente y respetuoso de la dignidad humana.
Concluyeron que la Resolución DGM-001-2026 abre un debate crucial sobre el modelo migratorio del país, al cuestionar si se avanza hacia una gestión ordenada o hacia un esquema de exclusión regulada.
