Según el Ministerio Público, los imputados formaban parte de una estructura organizada que operó mediante nóminas irregulares, contratos simulados y desvío sistemático de fondos públicos
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó penas que oscilan entre 20, 15 y 5 años de prisión, además de multas millonarias y el decomiso de bienes, contra generales, coroneles y otros acusados que forman parte de la alegada estructura de corrupción administrativa que habría estafado al Estado dominicano con más de 4 mil millones de pesos.
Al presentar sus conclusiones ante el tribunal, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz detalló las sanciones solicitadas para cada uno de los procesados, destacando la gravedad de los hechos, el daño al patrimonio público y el uso indebido de recursos del Estado.
Solicitudes individuales
Para el mayor general Adán Cáceres Silvestre pide 20 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos y decomiso de bienes.
En el caso de Juan Carlos Torres Robiú, se requirió una condena de 20 años de prisión, el pago de una multa de 400 salarios mínimos, así como el decomiso de numerosas pruebas materiales incorporadas al proceso.
Asimismo, el órgano acusador pidió 20 años de prisión y multa de 400 salarios mínimos contra Julio Camilo de los Santos Viola, junto al decomiso de los bienes y elementos probatorios vinculados a los hechos imputados.
Para Bonarges Reyes Batista, el Ministerio Público solicitó una pena de 20 años de prisión, mientras que contra Franklin Antonio Mata Flores requirió 20 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos y decomiso de bienes.
Para Rafael Núñez de Aza solicitó 20 años de prisión, una multa de 400 salarios mínimos y el decomiso de múltiples bienes y evidencias materiales en favor del Estado dominicano.
Con relación al testigo clave del caso, Raúl Alexander Girón Jiménez, el Ministerio Público solicitó una condena de cinco años de prisión, con pena suspendida, así como el decomiso de bienes, en atención a la cooperación efectiva ofrecida durante la investigación y el juicio.
El órgano acusador pidió que el tiempo cumplido bajo arresto domiciliario sea computado como parte de la pena y que el resto quede suspendido bajo reglas como:
- Residir en un domicilio fijo
- Abstenerse del porte y tenencia de armas de fuego
- Presentarse mensualmente ante el juez de ejecución de la pena
En cuanto a Carlos Augusto Lantigua Cruz, se solicitó una condena de cinco años de prisión y una multa de 500 mil pesos. Para Yeudi Guzmán Alcántara, el Ministerio Público pidió 10 años de prisión.
Contra Rossy Guzmán (La Pastora), el órgano acusador solicitó 15 años de prisión, una multa de 300 salarios mínimos y el decomiso de bienes, mientras que para Kelman Santana se requirió una pena de 15 años de prisión.
Según el Ministerio Público, los imputados formaban parte de una estructura organizada que operó mediante nóminas irregulares, contratos simulados y desvío sistemático de fondos públicos.
