En los últimos meses el MP se ha colocado a la vanguardia en la región, firmando varios convenios internacionales tendentes a fortalecer la persecución
La procuradora Yeni Berenice Reynoso firmó con Oscar Solórzano, del ICAR, en un acto en el que participó Milagros Ortiz Bosch, un memorando de entendimiento que busca fortalecer la lucha contra delitos como el lavado de activos
SANTO DOMINGO, R.D.
Como parte de sus acciones estratégicas orientadas a fortalecer la cooperación jurídica internacional en la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y otros delitos financieros, la Procuraduría General de la República (PGR) firmó un memorando de entendimiento con el Instituto de Gobernanza de Basilea, con sede en Suiza.
La procuradora Yeni Berenice Reynoso y Oscar Solórzano, el director para América Latina del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR), Instituto de Gobernanza de Basilea, firmaron el convenio marco de cooperación interinstitucional y un memorando de entendimiento que contribuirán al fortalecimiento de una relación de colaboración sólida y sostenida, durante un acto que contó con la veeduría de la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora General de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).
En la firma estuvieron presentes Pascal Bornoz, embajador de Suiza en República Dominicana, y Pablo Valentín Rosado, embajador dominicano en Suiza.
Asimismo, los procuradores adjuntos Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, y Osvaldo Bonilla, director de Cooperación Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humano, así como la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En los últimos meses el Ministerio Público se ha colocado a la vanguardia en la región, firmando varios convenios internacionales tendentes a fortalecer la persecución.
La procuradora Yeni Berenice Reynoso, quien agradeció a Solórzano y a Ortiz Bosch, así como a los embajadores Bornoz y Valentin Rosado, destacó que en los últimos años el Ministerio Público ha realizado más de 30 operaciones contra el crimen organizado.
Explicó que las operaciones contra las distintas manifestaciones del crimen organizado van desde corrupción, lavado de activos, criminalidad vinculada al tráfico internacional de armas, así como también, trata y tráfico de personas y cibercriminalidad.
“Hay algo en común en cada una de estas operaciones, y que lo sabemos quienes hemos estado vinculado de una forma u otra a las investigaciones de criminalidad, el crimen organizado y sus distintas manifestaciones, tienen como objetivo obtener fondos”, dijo.
“Incluso, aquella manifestación que en sí misma no se considera como una manifestación de crimen organizado, propia de buscar fondos, como es el caso del terrorismo, pero, necesita a su vez fondos ilícitos, para financiar sus operaciones”, agregó.
Reynoso sostuvo que la firma del convenio con el Instituto de Basilea permitirá fortalecer las capacidades en el Ministerio Público para rastrear, secuestrar y decomisar los fondos distraídos en perjuicio de los ciudadanos y del Estado.
“Siempre, le decimos al equipo que, cuando un dólar, un peso dominicano deja de ir a una escuela, es quizás, el futuro robado de un niño; cuando deja de ir a la seguridad, es la vida y la calidad de vida, y los bienes de alguien que están en riesgo”, dijo.
Además, que los recursos distraídos al erario dejan de ir a infraestructuras viales y de desarrollo social.
“Cuando se sustrae con algunas de las manifestaciones propia del crimen organizado, como la corrupción o como aquellos fondos producto de otras actividades lesivas, como trata y tráfico de personas o narcotráfico, siempre esos fondos dejan la secuela de muchas vidas perdidas, trastocadas, profundamente, por las manifestaciones criminales”, afirmó.
Al reiterar su gratitud por la firma del acuerdo, dijo que el Ministerio Público hará todo lo necesario para que cada una de las disposiciones de este convenio lleguen a los despachos de los fiscales y a su vez mejoren la calidad de vida de las personas.
De su lado, Solórzano agradeció, en nombre de la directora general del Instituto de Gobernanza de Basilea, Elizabeth Andersen, la disposición del Ministerio Público de República Dominicana a establecer lazos de colaboración. “Para nosotros es verdaderamente un placer y un honor poder cooperar con ustedes, poder, eventualmente, poner en marcha finalmente este convenio”, dijo.
Para el establecimiento de la alianza estratégica fueron realizadas múltiples jornadas de coordinación, monitoreo y gestión conjunta con la Digeig y la Embajada de República Dominicana en Suiza.
Las acciones contempladas en el acuerdo están orientadas a fortalecer y desarrollar la cooperación judicial internacional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en sus diferentes manifestaciones, fomentando el intercambio de experiencias exitosas y buenas prácticas en las estrategias de investigación relacionadas con lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y otros delitos financieros.
Con el memorando de entendimiento el Ministerio Público de República Dominicana busca aunar esfuerzos dentro de un marco de asistencia y asesoramiento del Instituto de Gobernanza de Basilea en la identificación, localización, decomiso y repatriación de activos ilícitos provenientes de actos de corrupción o lavado de activos y demás delitos financieros consagrados en la legislación penal dominicana, cometidos en perjuicio del Estado dominicano, cuando se adelante por parte de las autoridades de este país la acción penal y de extinción de dominio.
El documento, también, establece que la Procuraduría priorizará los casos en los que requiere asistencia técnica del instituto en materia investigativa de las citadas actividades delictivas, así como para la recuperación de activos, vía decomiso penal o la extinción de dominio.
El Instituto de Gobernanza de Basilea opera como una organización independiente, asociada a la Universidad de Basilea, que se dedica a promover buenas prácticas de gobernanzas en colaboración con los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado.
