QUITO, ECUADOR.- Tras los primeros 21 días de conversaciones, el movimiento indígena manifiesta su inconformidad con los escasos resultados que estarían dejando las mesas de trabajo que se instalan con delegados del gobierno de Guillermo Lasso.
Este martes, 2 de agosto de 2022, se instaló la mesa tres sobre control de precios y especulación, como parte de las diez, que acordaron conformarse para superar los efectos del paro nacional de 18 días que se produjo en junio pasado.
Al final del encuentro que se realiza en una de las sedes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), garante de estos diálogos, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, reveló que hay preocupación porque “no se está avanzando” en acuerdos, por lo que este miércoles se haría una evaluación de los 21 días de reuniones.
“Hemos hecho una valoración de estas tres semanas de reuniones. El 13 de agosto se cumple el primer mes y hay una preocupación en que no se está avanzando. Hemos manifestado esto y mañana (miércoles) se hará una evaluación integral de las mesas. Hay respuestas parciales en la mesa dos de banca pública, por ejemplo. Pero si vamos a ese ritmo no vamos a cumplir las propuestas en los siguientes tres meses”, indicó.
De igual forma, Margarita Arotingo, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), increpó que “no se está dando cumplimiento” a las propuestas que como organizaciones han hecho.
“En el tema de la focalización de subsidios a los combustibles ya vamos un mes, pero no tenemos una respuesta contundente. Mientras no tengamos respuestas favorables, no vamos a estar de acuerdo y vamos a seguir planteando si nos van a dar respuesta o no”, dijo Arotingo.
En el caso de la mesa tres, explicó que se han identificado 359 productos de primera necesidad, de los que sobre 44 se ha solicitado el control y fijación de precios referenciales, sin embargo, no se estaría cumpliendo este ofrecimiento con la emisión de un decreto ejecutivo. “Hemos debatido, pero no están en capacidad de dar una respuesta”, lamentó la dirigente.
Héctor Caillagua, uno de los líderes del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), mencionó que el régimen presentó una contrapropuesta sobre el control de precios que analizarán con sus bases para determinar una postura determinante el próximo martes.
Sobre este eje, el Gobierno había expuesto su inquietud sobre la fijación de precios en los productos industrializados.
El ministro de la Producción, Julio José Prado, explicó que hay una “línea roja en los productos industrializados” que debía analizarse porque podría tener efectos inesperados en la economía.
“No se puede hacer una fijación de precios en productos industrializados”, dijo Prado, porque implicaría establecer precios altos frente a los históricos, por lo que debía informarse a los diferentes sectores de cuáles podrían ser los efectos si llegan a determinarse de manera “antitécnica”.
Señaló que una de las propuestas que plantean a las organizaciones sociales es la de conformar observatorios públicos y privados, incluso creados por el mismo Ejecutivo, que estén atentos de cuáles son los productos que suben de precio.
Frente a la postura crítica que mantienen las tres agrupaciones, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, al contrario, consideró que están teniendo un intercambio positivo y que hay una “razonable expectativa de que podemos alcanzar acuerdos”; esencialmente en la mesa sobre control de precios que se reinstalará el próximo martes.
Entre los ofrecimientos, están el de acceso a información, control gubernamental de precios, así como social, a través de este denominado observatorio; también, el control externo de productos para evitar el contrabando, la generación de ferias inclusivas y plantear tarifas sociales en servicios de telecomunicaciones para beneficiar a los sectores rurales.
De forma paralela, los líderes indígenas están inquietos por la política gubernamental en materia de educación intercultural.
Advirtió que el régimen estaría invitando a las organizaciones de base para discutir estos temas, sin que se hayan debatido en las mesas de trabajo y menos con ellos, como representantes de los movimientos. “El Gobierno está llevando una mesa paralela”, zanjó Iza, quien insistió en que sienten que hay una “agresión” respecto del cumplimiento de sus 21 derechos colectivos.
Los tres movimientos indígenas y el Gobierno nacional, en conjunto con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana como garante, resolvieron desde el 13 de julio instalar diez mesas de trabajo para acordar mecanismos de respuesta a los diez puntos que fueron parte de la agenda que motivó el paro nacional que vivió el Ecuador por 18 días.
Entre estas mesas están la de focalización de subsidios a los combustibles; banca pública y privada; fomento productivo; empleo y derechos laborales; energía y recursos naturales; derechos colectivos; educación superior; control de precios; acceso a la salud; seguridad, justicia y derechos.
El plazo para llegar a consensos se estableció en 90 días; por lo que cada mesa técnica debería arrojar resultados entre tres y hasta cinco días de debates, según las reglas que estableció la Conferencia Episcopal.
Información reproducida de El Universo.