Santo Domingo, R.D.- El abogado penalista Pablo Leonel Perez Medrano, hizo un llamado a la Procuradora General de la República Miriam German, para que investigue el posible resurgimiento de una red mafiosa enquistada en la Fiscalía del Distrito Nacional.
Según el doctor Pablo Leonel Pérez, el modus operandi de la supuesta red consiste en enviar notificaciones amenazantes a ciudadanos elegidos aparentemente al azar, exigiendo altas sumas de dinero en base a querellas temerarias desprovistas del más mínimo sustento legal.
Las notificaciones intimidatorias exigiendo altas sumas de dinero, son enviadas por el Ministerio Público, en la persona de la licenciada Leandra Rosario, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, miembro del Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, con despacho en el Segundo Nivel del edificio que aloja los Departamentos Investigativos de la Fiscalía del Distrito Nacional, ubicado en la Beller, No. 259, sector Ciudad Nueva, con los teléfonos (809)687-0370 extensión 4054.
En tanto que el querellante temerario que aparece en las notificaciones es identificado como Diómedes Ernesto Carvajal Batista, también conocido como alias El Ruyio, quien se querella por la vía penal por supuesto trabajo realizado y no pagado, sin sustentar sus reclamos en contrato de algún tipo, o la más mínima prueba legalmente aceptable.
En cuanto a la víctima, en este caso, aparece identificada de forma genérica sólo como Leonardo Castillo, y demás generales ignoradas por el momento. Aunque la notificación indica como dirección la calle Manzana G número 8 de la Urbanización Mi Sueño de Villa Faro, una humilde vivienda del lugar, la entrega del documento se realiza en la puerta de otra vivienda, mucho más grande y obstentosa.
El documento presenta como prueba un viejo video colgado en la red social Youtube, donde aparece el querellante temerario fungiendo como maestro de ceremonias de un evento por cuyo trabajo exige la suma de dos mil dólares americanos. Pero la exigencia se la hace a una persona que no posee ningún vínculo con el evento o sus organizadores.
Por eso se entiende que el objetivo de las notificaciones no es discutir en justicia un tema de carácter laboral y económico, sino intimidar a la persona elegida para extorsionarlo bajo el stres de diferentes tipos de amenazas contenidas en las notificaciones.
El destacado jurista define como muy grave, convertir la Fiscalía del Distrito Nacional en una especie de agencia de cobros compasivos al servicio de querellantes temerarios que ponen en riesgo todo el sistema de justicia y afectan sensiblemente la seguridad jurídica indispensable para el desarrollo del país.
Peor aún, poner todo el poder avasallante del Estado en contra de ciudadanos indefensos que se verían obligados a entregar altas sumas a personeros inescrupulosos como el caso que nos ocupa.