SANTIAGO, R.D.- Por segunda vez consecutiva la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción a nueve personas imputadas por tráfico de armas de fuego, decisión que tomó en atención a la petición de la defensa técnica, para conocer los detalles de la imputación.
La jueza del tribunal, Iris Sugelly Borgen Santana, aplazó la audiencia para el próximo martes 3 de octubre, a solicitud de uno de los abogados que se integró recientemente al proceso.
La medida de coerción consistente en prisión preventiva y complejidad del caso, solicitada por la Fiscalía de Santiago contra Hornandys Emmanuel Cruz Almonte, Samuel Ramón Guaba Caraballo, Sixto Rosario, Rosalba María Estrella, César Emilio Toribio Vázquez, Marcos Diplán Diplán, Jayro Diplán Guzmán, Félix Francisco Vázquez Peralta y Valentín de Jesús Caraballo Guzmán, establece que el grupo conformó una organización criminal que comercializaba ilegalmente armas de fuego de alto calibre y automáticas.
Estas armas, establece la instancia de solicitud de medida, eran adquiridas en Estados Unidos e introducidas al país de contrabando, a través de compañías de envío o shipping.
El órgano persecutor que desarticuló esta estructura criminal durante allanamientos, decomisó 18 pistolas de alta potencia, en su mayoría Glock 9 milímetros; 3 revólveres y 2 escopetas, así también $700,000.00 en efectivo, vehículos y equipos electrónicos.
Los allanamientos simultáneos tuvieron lugar en los municipios Licey al Medio, en Santiago, y la parte baja de Moca, en Espaillat, y fueron precedidos por múltiples estrategias e inteligencia que se desarrollaron durante más de un año, tiempo en el cual se rastreó a la organización y se recopiló información acerca del alcance del comercio de las armas, y la constitución de la estructura que involucraba a varios miembros de una misma familia.
Las llamadas telefónicas interceptadas dieron pie para individualizar a los imputados y determinar su rol en la organización.
Aunque en sus actividades criminales los imputados se movilizaban por todo el territorio dominicano, su centro de operaciones era el Cibao, específicamente el municipio Licey al Medio.
Diligencias de campo
En los allanamientos participaron más de 10 fiscales del Ministerio Público en Santiago, miembros de la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI) y otras fuerzas especiales como equipo SWAT de la Policía Nacional, y la cooperación internacional del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Además, se incautaron de varios tanques con caletas o doble fondo, los cuales eran utilizados para transportar las armas ilegales.
La Fiscalía presentó contra los procesados en el caso cargos provisionales por violación al artículo 68 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en la categoría de traficantes y por lavado de activos.