Considera “Este es el país de lo absurdo”
Por ORLANDO ARIAS
SANTO DOMINGO.– El abogado y dirigente político Miguel Florentino cuestionó duramente que el presidente Luis Abinader haya consensuado con un grupo de influencers y comunicadores la modificación de 16 artículos del nuevo Código Penal, aprobado recientemente por el Congreso Nacional.
Florentino consideró cuestionable que una legislación de tanta trascendencia para el país, aprobada por los representantes electos por el voto popular, sea sometida a discusión con figuras del ámbito digital que, aunque tienen gran influencia pública, no representan institucionalmente al sector jurídico ni al Congreso Nacional.
Recordó que el presidente Luis Abinader y un grupo de influencers consensuaron la modificación del nuevo Código Penal, la cual versaría sobre 16 artículos, según informó el empresario digital Santiago Matías (Alofoke).
Además de Matías, en el encuentro participaron los comunicadores y activistas Ricardo Ripoll, José Peguero, El Piro y Ramón Tolentino.
Al referirse al tema durante su participación en el espacio El Poder del Mediodía, Florentino manifestó su sorpresa por el hecho de que, después de un prolongado proceso de discusión y aprobación legislativa, el Poder Ejecutivo recurra a figuras públicas de las plataformas digitales para analizar qué disposiciones deben permanecer o ser modificadas.
“Una ley como es la Ley 74-25, que elige el Código Penal, un grupo de representantes que fueron electos por el voto popular a nivel nacional, y pasar una ley con tantas contradicciones, inclusive con la Constitución de la República, para que posteriormente su aprobación y promulgación haya que consultar personas como Santiago Matías y el mismo Piro, con sus abogados, para ver qué se quita y qué se pone en esta ley. O sea, este es el país de lo absurdo”, afirmó.
Florentino, precandidato a diputado por Santo Domingo Norte por la Fuerza del Pueblo, sostuvo que la RD cuenta con numerosos juristas y especialistas, tanto del sector público como privado, la sociedad civil y reconocidas firmas de abogados, que podrían ser consultados sobre el contenido y alcance de una legislación penal.
Asimismo, hizo referencia a declaraciones de Santiago Matías, quien habría explicado en un video publicado en sus plataformas que junto a sus abogados estuvo revisando el contenido de la legislación para determinar cuáles aspectos podían ser eliminados.
“Alofoke, con sus abogados, como estableció en un video que colgó en su plataforma: ‘con mis abogados estuvimos revisando la ley para ver qué se podía quitar’. Pero, señores, ¿en qué país es que estamos?”, cuestionó.
El dirigente opositor también puso en duda que una reunión en la que participó el jefe del Estado para tratar modificaciones a una legislación de tanta relevancia terminara siendo divulgada públicamente por algunos de los propios participantes.
El abogado fue aún más contundente al cuestionar la decisión del mandatario de involucrarse en este tipo de consultas. “Una reunión inclusive de Estado, confidencial ¿Cómo un presidente de un país se presta a eso, ese populista barato, rastrero?”, se preguntó.
Florentino consideró que las modificaciones a una legislación como el Código Penal deben manejarse dentro de los procedimientos institucionales correspondientes, con participación de los órganos constitucionalmente facultados y de especialistas en materia jurídica, evitando que decisiones de Estado queden condicionadas por tendencias o presiones provenientes de las redes sociales.
