Por ORLANDO ARIAS
Tito Cambita propone destinar el 2 % de los impuestos a los combustibles a un programa de sustitución de unidades y advierte sobre el impacto social de la medida.
Santo Domingo.– La modernización del transporte público dominicano debe ir acompañada de facilidades económicas para los operadores y trabajadores del sector, a fin de evitar que las nuevas exigencias de seguridad vehicular terminen convirtiéndose en una amenaza para miles de familias que dependen de esta actividad.
Así lo planteó el presidente de la Central Nacional Movimiento Choferil del Transporte (Mochotran), Alfredo Pulinario Mariot (Tito Cambita), quien llamó al Gobierno a desarrollar un programa integral de renovación del parque vehicular, ante la próxima implementación de la Inspección Técnica Vehicular (ITV).
El dirigente del transporte consideró que la aplicación de este sistema, aunque necesaria para mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación, podría dejar fuera de servicio cientos de vehículos cuyos propietarios no disponen de los recursos para adquirir unidades nuevas o sustituir las que ya presentan un avanzado deterioro.
Advirtió que detrás de cada vehículo que no logre superar las evaluaciones técnicas existe un chofer, una familia y una fuente de ingresos que podría desaparecer, por lo que entiende que el proceso de modernización debe contemplar mecanismos que protejan a los trabajadores del volante.
En ese sentido, propuso al presidente Luis Abinader destinar el dos por ciento de los impuestos recaudados por los derivados del petróleo a un fondo especial para financiar la renovación de las unidades del transporte público. También reclamó la ampliación de corredores, rutas alimentadoras y carriles exclusivos para autobuses.
Pulinario Mariot explicó que numerosos afiliados a Mochotran continúan trabajando en vehículos con más de diez años de fabricación y no cuentan con capacidad financiera para reemplazarlos, situación que los coloca en una posición vulnerable frente a las nuevas disposiciones.
Aunque aseguró que Mochotran y sus autobuses están preparados para someterse a las evaluaciones correspondientes, reconoció que existe una realidad económica entre los pequeños transportistas que no puede ser ignorada por las autoridades.
La Inspección Técnica Vehicular, conocida popularmente como revista, fue anunciada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) como parte de la aplicación de la Ley 63-17. Su artículo 166 establece la obligatoriedad de una revisión técnica anual de los vehículos de motor para comprobar que reúnan las condiciones mecánicas y de seguridad requeridas.
En 2025 se anunció un proyecto para desarrollar este sistema mediante una inversión privada inicial estimada en 88 millones de dólares. No obstante, el director general de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk, informó el pasado mes que la iniciativa estaría lista para entrar formalmente en funcionamiento en el país en 2030.
Ante este escenario, el presidente de Mochotran insistió en que la transformación del transporte público no debe limitarse a exigir mejores condiciones mecánicas, sino que debe incluir oportunidades reales para que los choferes puedan renovar sus vehículos, conservar sus empleos y continuar garantizando el sustento de sus hogares.
