El vicepresidente de la Fuerza del Pueblo en SDN exige transparentar licitación de grúas
Por ORLANDO ARIAS
Santo Domingo Norte.- El comunicador y vicepresidente de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte (SDN), Lic. Miguel Florentino, denunció en el programa Visión Matinal, Canal 12, que el cobro de RD$5,000 por remolque de vehículos que realiza el fideicomiso Parquéate RD es inconstitucional y carece de licitación pública visible.
Florentino explicó que desde el 4 de agosto de 2025, Parquéate RD cobra RD$1,000 de multa DIGESETT más RD$4,000 por concepto de grúa y custodia, bajo el amparo del plan RD Se Mueve.
«¿Quién es el dueño de la grúa? Nadie lo sabe. La Ley 63-17 de Movilidad, en su artículo 237, solo establece multa de RD$1,000 a RD$2,000 por mal estacionado. Y el artículo 242 solo habla de recargo después de 24 horas. El pago de grúa y custodia solo lo menciona la ley para casos de vehículos robados, no para mal parqueo», expresó Florentino.
El dirigente señaló que Parquéate RD es un fideicomiso público e irrevocable creado por el Decreto 181-19 del 14 de mayo de 2019, entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y Fiduciaria Reservas, y que el cobro de los RD$4,000 fue establecido mediante el Decreto 348-25.
«En República Dominicana, por principio constitucional establecido en los artículos 93 y 244 de la Constitución, los impuestos, tasas y multas solo pueden crearse por una ley del Congreso Nacional, no por decreto del Poder Ejecutivo. Por eso este cobro es inconstitucional. Lo que por ley no está establecido, por decreto no puede imponerse», enfatizó.
SOLICITUD POR LEY 200-04
Ante las irregularidades, Miguel Florentino informó que depositó formalmente una solicitud de información al amparo de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, dirigida al Fideicomiso Parquéate RD, al INTRANT y al MOPC, donde solicita:
1. Contrato y proceso de licitación del servicio de grúas privadas en el portal de Compras Dominicanas.
2. RNC y razón social de los propietarios de las 11 grúas que operan.
3. Fundamento legal y desglose del destino de los RD$4,000 recaudados.
4. Informe de ingresos mensuales desde agosto 2025 a la fecha.
«Si todo es legal, que lo publiquen. Hasta que no muestren la licitación, el pueblo tiene derecho a dudar a dónde van esos RD$4,000 que se pagan por una aplicación privada y no por el Banco de Reservas», concluyó.
Se otorgó un plazo de 15 días hábiles para la respuesta, con copia a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y a la Dirección General de Contrataciones Públicas.
