Por ORLANDO ARIAS
SANTO DOMINGO.– La Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) respaldó el llamado formulado recientemente por Celso Marranzini, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), para que el Estado y el sector privado garanticen el cumplimiento de las cuotas de inclusión laboral establecidas en favor de las personas con discapacidad.
El presidente de la CASC, Gabriel del Río Doñé, consideró que la inclusión laboral constituye una expresión concreta de justicia social y una responsabilidad que debe ser asumida de manera conjunta por el Gobierno, los empleadores y los diferentes sectores de la sociedad.
Del Río coincidió con Marranzini en la necesidad de crear mecanismos que faciliten el acceso al empleo de las personas que, luego de atravesar procesos de rehabilitación y capacitación, encuentran dificultades para incorporarse al mercado laboral.
“No tiene sentido realizar esfuerzos para rehabilitar y capacitar a una persona si posteriormente la sociedad le cierra las puertas del empleo”, sostuvo el dirigente sindical, al considerar que el trabajo es fundamental para garantizar dignidad, autonomía e integración social.
La CASC recordó que la Ley 5-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad establece una cuota de inclusión laboral de un 5 % en las instituciones públicas y un 2 % en las empresas del sector privado, por lo que entiende necesario avanzar en su aplicación efectiva.
En ese sentido, Del Río saludó la propuesta de Marranzini de establecer incentivos para las empresas que cumplan con las disposiciones de inclusión, al considerar que estos mecanismos pueden estimular una mayor participación del sector privado en la contratación de personas con discapacidad.
Asimismo, consideró que la inclusión no debe limitarse a la contratación, sino que debe contemplar accesibilidad, adaptación de los espacios físicos, capacitación y condiciones adecuadas de trabajo, debido a que todavía persisten barreras que dificultan la plena integración de las personas con discapacidad.
La CASC consideró que los esfuerzos de instituciones como la ADR deben estar acompañados de políticas públicas y acciones empresariales que permitan convertir la rehabilitación y capacitación en oportunidades reales de trabajo, productividad y una vida digna para las personas con discapacidad.
