Franklyn José Almánzar Escarramán, quien ejercía sin exequatur en el consultorio de su hermano odontólogo William Radhamés Almánzar Escarramán, fue arrestado por provocar a una paciente lesiones permanentes que incluyen nervios atrofiados y un edema facial

SANTO DOMINGO, R.D. 

El Ministerio Público solicitará en las próximas horas la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre que, en una abierta práctica de intrusismo, ejercía la odontología sin exequatur en La Vega y que provocó a una paciente lesiones permanentes que incluyen nervios atrofiados y un edema facial.

Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años de edad, hizo los procedimientos en el consultorio de su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, de 52 años de edad, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la calle Duarte, de La Vega

Ambos fueron arrestados con orden judicial luego de que se entregaran ante la Subdirección Regional de la Policía Nacional bajo cargos de ejercer la odontología fuera del marco de la ley y por complicidad.

“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, dijo la procuradora de corte Aura Luz García Martínez, titular de la Fiscalía de La Vega.

La investigación del Ministerio Público establece que el pasado 17 de enero, alrededor de las 10:00 de la mañana, la mujer víctima de las malas prácticas odontológicas acudió a recibir atenciones al consultorio de los imputados.

Una vez en el lugar la víctima fue evaluada y posteriormente le entregaron una receta para que autorizara una operación, costeada por el seguro médico, para la extracción de los cuatro terceros molares, la cual estaría a cargo de Franklin José Almánzar Escarramán, quien ejercía la profesión sin la licencia oficial.

Al iniciar la intervención quirúrgica, Franklin José Almánzar Escarramán le puso una anestesia a la víctima. Luego le dijo que le cortaría el hueso porque sus dientes eran de titanio, procediendo a darle varios golpes con los instrumentos de odontología.

Después de cuatro horas sin lograr realizar la extracción, Franklin José Almánzar Escarramán indicó a la paciente que le sacaría el cordial de arriba. Durante el proceso la víctima se quejó, manifestando que sentía un fuerte dolor, por lo que el ahora imputado le dijo que le pondría una anestesia general.

Posteriormente, la mujer seguía presentando fuertes dolores e hinchazón en el rostro por lo que decidió consultar con varios odontólogos, quienes la evaluaron y establecieron que presentaba daños en su salud bucal por el mal trabajo realizado por los ahora procesados.

Tras el procedimiento la víctima quedó con lesiones permanentes, presentando dolor microfacial e hinchazón, además de que tiene los nervios atrofiados, con edema facial moderado, herida desgarrada, trismo, parestesia mandibular derecha y alveolitis ambulatoria, todo esto de conformidad con una certificación médica, de fecha de fecha 5 de febrero del año 2026, que le fue expedida en un centro de salud donde acudió luego del caso.

Los hermanos Almánzar Escarramán, con sus actuaciones fuera de lo establecido por la Ley General de Salud (num. 42-01) y la Ley que crea el Colegio Dominicano de Odontólogos (núm. 63-18 ), pudieron haber causado la muerte de la mujer, indicó el Ministerio Público.

El órgano investigador indicó que durante las pesquisas ha recolectado diferentes pruebas que vinculan a los imputados con el caso, incluyendo una certificación emitida por el Ministerio de Salud Pública, donde se hace constar que el señor Franklin José Almanzar Escarramán no está provisto de exequatur.

El caso ha recibido la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266 y 285 del Código Penal, así como a los artículos 92, 94, 156, 162, 164 y 166 de la citada Ley No. 42-01.

El Ministerio Público, tras el inicio de las investigaciones, solicitó y obtuvo contra los imputados la Autorización Judicial de Arresto núm. 2026-AJ0051569, emitida por la jueza Adaías Sánchez Collado, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega.

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