El tribunal consideró pertinente declarar el proceso de tramitación compleja
SANTIAGO, R.D.- Acogiéndose a la solicitud de la Fiscalía de Santiago, la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso medidas de coerción y declaró complejo el proceso contra todos los integrantes de la estructura criminal que se conformó para traficar con armas de fuego de distintos calibres y quienes fueron arrestados en medio de allanamientos simultáneos que este órgano de investigación encabezó junto a otras agencias de persecución en los municipios Licey al Medio y Moca.
La jueza Iris Sugelly Borgen Santana ordenó el cumplimiento de la prisión preventiva durante 18 meses contra los imputados Hornandys Emmanuel Cruz Almonte, Samuel Ramón Guaba Caraballo, César Emilio Toribio Vázquez, Jayro Diplán Guzmán, Valentin de Jesús Caraballo Guzmán y Félix Francisco Vásquez Peralta.
Entre tanto, a la imputada Rosalba María Estrella le fue ordenado el arresto domiciliario, mientras que pagarán una garantía económica los procesados Marcos Diplán Diplán y Sixto Rosario.
La imposición de estas medidas confirma la profundidad de la investigación y de los elementos recabados durante la operación desarrollada en los municipios Licey al Medio en Santiago, y Moca en Espaillat y en la que participaron fuerzas especiales de la Policía Nacional.
La afirmación es del titular de la Fiscalía de Santiago, Osvaldo Bonilla, quien por igual considera necesario seguir sacando armas de las calles para reducir los niveles de violencia. «El tráfico ilegal de armas de fuego se traduce en violencia para nuestros barrios, por lo que nosotros estamos llamados a ejercer una persecución efectiva en contra de este mal”.
La red que adquiría estas armas en el mercado estadounidense, las introducía al país de contrabando a través de compañías de envío.
Los procesados, la mayoría de los cuales tienen relación de familiaridad utilizaban sus domicilios y los de sus padres como centros de almacén de estas armas, las que luego comercializaban con otras estructuras del crimen organizado.
El órgano persecutor durante los allanamientos decomisó 18 pistolas de alta potencia, en su mayoría Glock 9 milímetros; 3 revólveres y 2 escopetas, así también $700,000.00 en efectivo, vehículos y equipos electrónicos.
Estas diligencias de campo estuvieron precedidas por múltiples estrategias e inteligencia, que se desarrollaron durante más de un año, tiempo en el cual se rastreó a la organización y se recopiló información acerca del alcance del comercio de las armas y el rol de cada miembro de la estructura.
En los allanamientos participaron más de 10 fiscales del Ministerio Público en Santiago, miembros de la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI) y otras fuerzas especiales como equipo SWAT de la Policía Nacional, y la cooperación internacional del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Además, se incautaron de varios tanques con caletas o doble fondo, los cuales eran utilizados para transportar las armas ilegales.
La Fiscalía presentó contra los procesados en el caso cargos provisionales por violación al artículo 68 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en la categoría de traficantes y por lavado de activos.