Las otras tres coimputadas reciben como medida de coerción garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país

El proceso fue declarado de tramitación compleja

SANTO DOMINGO, R.D.- El Ministerio Público obtuvo medidas de coerción consistentes en prisión preventiva por 18 meses, arresto domiciliario garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país contra los siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) que fueron arrestados el pasado 4 de octubre durante la Operación Búho, por su vinculación a un fraude de unos RD$2,500 millones.

El juez Máximo Saint Hilaire, de la Oficina Judicial Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, dictó las medidas de coerción y declaró el proceso de tramitación compleja.

 

La prisión preventiva fue impuesta a los imputados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Julio César Minaya y a Jacer Eliazar Mejía Pereyra, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincial San Cristóbal.

A Kenia del Carmen Liriano Pérez le fue impuesto arresto domiciliario, una garantía de 3 millones mediante compañía aseguradora e impedimento de salida del país.

En tanto que Ana Cecilia Tejada Santos recibió como medida coerción la presentación de una garantía de 3 millones mediante una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica los días 25 de cada mes.

Mientras que a Simona Borsilea le fue impuesta la presentación de una garantía de 1 millón de pesos mediante compañía aseguradora, impedimento de salida del país e igualmente la presentación periódica los días 25 de cada mes.

El juez fijó la revisión obligatoria de la medida para el 22 de enero de 2024 y la audiencia control para el 24 de junio de ese mismo año.

El grupo enfrenta cargos por los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas. Los imputados incurrieron en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza en perjuicio de los ahorrantes y lavado de activos.

La instancia con la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra los procesados contiene 224 páginas y suficientes evidencias que lo involucran en los hechos imputados.

El Ministerio Público puso en marcha el pasado 4 de octubre la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses que llevó al arresto de los siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) implicados en el fraude.

El órgano persecutor movilizó a más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varias personas presentaron denuncias contra los ejecutivos de Coop-Herrera.

Durante la operación, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal.

Los imputados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales, todas con el objetivo de distraer el dinero de los asociados y los ahorrantes.

La Operación Búho es el resultado de un trabajo conjunto de investigación realizado durante meses por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.

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