Se trata de la tercera vez que acusados en operación Coral 5G proceden a recusar

SANTO DOMINGO, R.D.- La procuradora de corte Mirna Ortiz sostuvo la tarde de este viernes que con la recusación a la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la defensa de imputados del Caso Coral 5G recurre a una estrategia retardataria para solicitar luego el cese de la prisión preventiva.

Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), calificó la acción como una táctica dilatoria de la defensa. “Esa actitud era de esperarse de las defensas, y era de esperarse porque ya los tribunales les han dicho a estos imputados en diversas ocasiones que a los 18 meses de vencida la prisión preventiva son puestos en libertad y van para su casa; entonces, es fácil hacer el cómputo del plazo, es fácil contar los días, esperar que lleguen los 18 meses y pedir el cese de la prisión preventiva”, lamentó.

“Es importante aclarar todo lo que ha acontecido en el caso en el día hoy, para que puedan tener una idea de cuál es el objetivo final y la intención de varios de los abogados de la defensa en este proceso”, dijo Ortiz a periodistas que la entrevistaron a la salida del tribunal, tras la suspensión de la audiencia, luego de que la defensa de los acusados Boanerges Batista y Franklin Mata Flores recusaran a la magistrada Rivas.

 

“Lo primero es que esto no se inicia el día de hoy con la recusación, esto inicia desde la semana pasada, cuando una de las imputadas en medio del conocimiento de la audiencia dice tener problemas de salud, es evaluada, y obtiene una licencia de cinco días”, detalló.

Ortiz dijo que esa licencia de cinco días, otorgada el pasado viernes, provocó el reenvío de la audiencia para este viernes. “El día de hoy, cuando venimos a conocer la audiencia nos encontramos con que la misma imputada, la señora Disla, ha sido intervenida quirúrgicamente, una intervención quirúrgica programada, porque no existe evidencia de que haya sido atendida por ningún tipo de emergencia”, resaltó.

Dijo que frente a esa situación el Ministerio Público, para no retardar el proceso, solicita el desglose en relación con las imputaciones de esa ciudadana para que sea conocida con posterioridad.

“Qué acarrea esto? Esto acarrea un recurso de oposición por esta parte; una vez la magistrada, entendiendo como valederas las razones del Ministerio Público, decide desglosar. Como no consiguen el aplazamiento por esa vía, entonces, el abogado de los imputados Antonio Mata Flores y Boanerges Batista decide recusar a la magistrada como estrategia para lograr el objetivo que desde un principio se vienen trazando, que no es más que la suspensión de la audiencia y dar larga al conocimiento de este proceso”, subrayó.

Afirmó que “ese es el objetivo final que tiene que verse detrás de todas estas suspensiones infundadas, mal intencionadas y que chocan directamente con los preceptos del Código Procesal Penal, pudiendo, incluso, los abogados incurrir en litigio temerario”.

Se trata de la tercera vez que acusados en operación Coral 5G proceden a recusar.

Este viernes, luego de la recusación del abogado Waldo Paulino a la jueza Yanibet Rivas, alegando que le niega los pedimentos que realiza, la audiencia fue suspendida hasta el viernes 3 de febrero a las 9:00 de la mañana.

En el transcurso de la audiencia la jueza Rivas, luego de acoger la petición del Ministerio Público, decidió la separación del proceso de la señora Rosa Disla y ordenó continuar con la lectura de la acusación del órgano acusador.

Luego, el abogado defensor de la imputada presentó un recurso de oposición a la decisión del tribunal, el cual le fue rechazado.

Posteriormente, el abogado Paulino recusó la jueza Rivas, quedando suspendida la audiencia hasta el próximo viernes.

El Ministerio Público destacó el pasado viernes que durante la audiencia preliminar han presentado 1,434 pruebas en contra de los imputados de los casos Coral y Coral 5G.

El Ministerio Público presentó cargos por ese delito contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, acusadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Además del mayor general Cáceres Silvestre, entre los imputados de la Operación Coral figuran Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

En la Operación Coral 5G, derivada de Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.

En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

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